Ante el Consejo de Estado colombiano, el general (r) Mauricio Santoyo presentó una demanda en contra de la Nación por un valor de 207 millones de pesos (unos US$ 115.000). En la argumentación jurídica, el militar en retiro manifestó que debe ser indemnizado por los daños y perjuicios que le causó la sanción disciplinaria interpuesta en su contra por la Procuraduría General de la Nación.
El oficial en retiro exige una indemnización de 113 millones (US$ 62.780) por perjuicios morales y el pago de otros 93 millones de pesos (poco más de US$ 51.600) por el reintegro de los sueldos que dejó de percibir desde el momento de su destitución. Al mismo tiempo, le solicitó al alto tribunal revocar la sanción disciplinaria en su contra emitida por el Ministerio Público por su participación en las interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos y activistas adscritos a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).
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