Análisis Político

María Teresa Romero

Chávez y el costo de patear la institucionalidad hemisférica

María Teresa Romero


María Teresa Romero es una periodista y politóloga venezolana, especializada en asuntos internacionales y política latinoamericana. Obtuvo su licenciatura por la Universidad Central de Venezuela. Tiene una Maestría en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh, USA y un Doctorado en Ciencia Política, especialización en Relaciones Internacionales, en la UCV. Profesora Asociada a dedicación exclusiva en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV desde 1986 al presente, desempeñándose en la actualidad como Jefe de la Cátedra de Política Exterior de Venezuela. También ha sido profesora invitada en La Universidad de Salamanca en España, en el Diplomado de Gobernabilidad y Política Exterior de Venezuela de la Universidad Metropolitana, en el St. John Fisher College de Rochester, USA e investigadora en la Biblioteca del Congreso y en la Universidad de John Hopkins en Washington D.C. bajo el programa de becas Fulbright. Ha publicado varios libros, trabajos y artículos académicos y ha sido colaboradora en varios periódicos nacionales. Su dirección electrónica es: Matero1955@gmail.com y su cuenta de Twitter: @mt_romero
Aun cuando algunos gobiernos pasen por alto el nuevo exabrupto de Hugo Chávez, eél mismo deteriorará aún más su imagen, posición y capacidad de influencia en el tablero de la política hemisférica

¿Cuántas veces durante sus casi 14 años de gobierno Hugo Chávez  no ha embestido o amenazado con salirse de las diversas normativas e instituciones del sistema interamericano?

Tan temprano como en 1999, el primer canciller del gobierno chavista –el periodista José Vicente Rangel-  emprendió lo que el propio presidente Chávez denominó en una oportunidad “una ofensiva hemisférica” en contra no sólo de la OEA, sino también de todos los organismos multilaterales y bloques de integración regionales considerados burgueses e imperialistas, los que postulan una democracia representativa y liberal mas no la democracia bolivariana y participativa – denominada a partir de 2006  “democracia Socialista del Siglo XXI”- propia de su proyecto revolucionario.

La arremetida ha sido, pues, en contra de toda la institucionalidad regional democrática establecida, en particular la de aquellos entes que monitorean y cuestionan su comportamiento violatorio  a la constitución venezolana y al derecho internacional.

Esto explica, entre otras acciones del gobierno, la salida de la CAN y ahora de la CIADI; la creación de la ALBA; el intento de transformar bajo criterios revolucionarios al MERCOSUR, la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otros. También a ello se deben sus innumerables anuncios de irse de la OEA y de sus organismos, en particular de la Corte y la Comisión de Derechos Humanos, amenazas que aumentan en el fragor de las campañas electorales.

En esta  dura campaña a las presidenciales del 7 de octubre próximo, la advertencia de hace unos días del presidente Chávez de denunciar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CADH) ha pasado a ser un ultimátum. Con esta denuncia ya no busca salirse de la Comisión de DDHH, como anunció el Comandante en abril pasado, sino sólo  abandonar la Corte de DDHH, lo que no necesariamente implica salirse de la OEA que si sería un requisito en el caso de la salida de la Comisión. El paso es inminente, “es cuestión de horas” anunció el Canciller del chavismo, pese a los llamados del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de no concretar tal lamentable decisión que  convertiría a Venezuela en el único país latinoamericano (excepto Cuba) que no reconoce la competencia de la Corte.

Ahora, el costo político inmediato en materia de imagen  y desprestigio nacional e internacional, y tal vez judicial en el futuro, que deberá pagar Chávez por esta audacia del salirse del prestigioso tribunal continental será elevado. Empezando porque sería una acción inconstitucional.

La CADH no puede denunciarse según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –elaborada en 1999 por mayoría de asambleístas afectos al chavismo- la cual le otorga “jerarquía constitucional” a todos los tratados sobre derechos humanos. De modo que se necesitaría modificar la constitución actual para hacerlo. Además, porque el derecho a la protección internacional tiene reconocimiento expreso en la misma Constitución Nacional vigente. Con la salida de la CIDH, pues, los más afectados serían  los propios venezolanos, en particular los más vulnerables y pobres, quienes en el transcurso de un año- cuando se cumpliría el plazo para una salida efectiva- se verían obligados a acudir a competencias más complejas, menos expeditas, como los que ofrece la ONU.

De no existir el pragmatismo que hoy impera en América Latina, muy en particular en los gobiernos de Brasil y Argentina que son los que más se han favorecido en materia de comercio y negocios con el gobierno chavista, este despropósito venezolano de salirse del sistema de protección interamericano de derechos humanos pararía en seco la entrada formal de nuestro país en el Mercosur pautada para este 31 de julio, ya que la denuncia de la CADH va en contra de varios acuerdos, protocolos  y compromisos en materia de derechos humanos suscritos por ese bloque subregional.

Pero aun cuando algunos gobiernos pasen por alto este nuevo exabrupto de Hugo Chávez, el mismo deteriorará aún más su imagen, posición y capacidad de influencia en el tablero de la política hemisférica, el cual cada día le es más adverso.

MARÍA TERESA ROMERO – Infolatam (Venezuela) |Matero1955@gmail.com |@mt_romero |@ElPoliticoWeb

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