Para el 63,72% de quienes respondieron la encuesta de El Político, el ex presidente de Paraguay Fernando Lugo no fue derrocado y, además, los mecanismos constitucionales fueron respetados. Un 12,24% de los consultados asegura que Lugo sí fue derrocado pero tal acción era necesaria en vista de lo débil e ineficaz que resultó ser en su proceder. Otro 12% cree que fue una maniobra de los colorados para volver al poder.
Lo más importante de cuanto ha ocurrido en Paraguay desde el pasado 22 de junio, cuando Lugo fue destituido, es la reacción del pueblo paraguayo: ninguna. No hubo un alzamiento pacífico popular como probablemente esperaba el ex obispo cuando se desdijo de sus declaraciones iniciales. Eso debería ser tomado en cuenta por la OEA y, sobre todo, por bloques como el Mercosur y la Unasur, donde parece haber privado la visceralidad y la diplomacia mercantilista a la hora de suspender a Paraguay de ambos grupos y dar luz verde, de paso, al pleno ingreso de Venezuela al Mercosur.
Además, el nuevo presidente, Federico Franco, y su gabinete han mostrado la mayor disposición a que la OEA haga sus observaciones y hasta envíe una delegación a Paraguay para ver de cerca cómo se desenvuelven los acontecimientos. Puede argumentarse poca claridad en las condiciones para abrir un juicio político contra un presidente (¿qué significa exactamente “mal desempeño de funciones”? ¿Quién determina lo que es un buen o mal desempeño?), pero el hecho es que el mecanismo está contemplado en la Constitución paraguaya y el congreso no hizo otra cosa que aplicar la Carta Magna, siempre dentro de sus atribuciones como poder independiente. Eso mismo pensaron quienes respondieron la encuesta de El Político.
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