Como era de esperar, ha comenzado a ser contestada en los tribunales una controvertida ley de Florida que prohíbe a los gobiernos locales hacer negocios con empresas extranjeras que tienen relaciones comerciales con Cuba.La empresa Odebrecht USA, una filial del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht; demandó al Departamento de Transporte de Florida por impedirle participar en una licitación pública. La obra está valorada en 3.300 millones de dólares (2.651 millones de euros), para construir y ampliar el sistema rodoviario del estado. Los abogados de la firma argumentan que la ley es “inconstitucional e inaplicable” porque “solamente el Gobierno federal tiene autoridad para legislar en política exterior”.
El Departamento del Transporte ha tomado la decisión de impedir la participación de Odebrecht USA en la licitación porque la firma matriz está participando en la remodelación del puerto de Mariel, en la costa norte de Cuba al oeste de La Habana, dijeron funcionarios del Gobierno estatal.
Sin embargo, los abogados de Odebrecht USA, que está constituida integralmente por capital estadounidense, afirman que la matriz brasileña no participa en la obra cubana, sino que esta fue adjudicada a otra firma, Overseas Limited, subcontratada por Odebrecht, de Brasil. De hecho, en la página web de Odebrecht no se menciona ninguna obra en Cuba.
La ley fue firmada el mes pasado por el gobernador de Florida, Rick Scott, en un vistoso acto público en la Torre de la libertad, símbolo del exilio cubano en el centro de Miami, rodeado por la flor y nata de los políticos cubanoamericanos, que lo saludaron como “un anticastrista de primera línea, que quiso hacer un gesto de apoyo al exilio cubano y de rechazo al Gobierno tiránico de los hermanos Castro”, como explicó en su momento el congresista federal David Rivera.
De héroe a villano
Sin embargo, una hora después de la firma, Scott se mofó abiertamente de la ceremonia y los exiliados, cuando envió al Congreso de Estados Unidos y al presidente Barack Obama una carta pidiendo permiso para implementar la ley, ya que “entra en contradicción con los preceptos federales” por lo cual “es inaplicable”.
La carta del gobernador provocó un rechazo inmediato de los sectores duros del exilio cubano, incluso de los políticos locales y federales que se presentaron en la ceremonia, que no dudaron en cubrir de epítetos poco simpáticos a quien, horas antes, habían alabado. Rivera, incluso, amenazó con llevar al gobernador ante los tribunales, pero hasta ahora no lo ha hecho.
Aunque la ley no menciona a ninguna empresa en particular, sino que prohíbe el otorgamiento de contratos gubernamentales valorados en más de 1 millon de dólares a empresas envueltas en negocios con Cuba, para todo el mundo en la ciudad estaba claro que el gigante brasileño era el principal objetivo de la medida.
Después de todo, Odebrecht es una empresa de éxito en Florida, donde ha participado en las obras públicas más importantes de las dos últimas décadas, como la construcción de dos terminales del aeropuerto de Miami, dos estadios deportivos, un centro de artes, un sinnúmero de escuelas y algunas vías públicas. La empresa se estableció en Florida en los años 90 y desde entonces ha firmado contratos por un valor de casi 5.000 millones de dólares (unos 4.000 millones de euros), de los cuáles 4.000 millones (3.216 millones de euros) han sido con gobiernos locales. Lea la nota completa en El Mundo.
RUI FERREIRA – EL MUNDO (ES) | @ElPoliticoWeb
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