El ministro de Justicia colombiano, Juan Carlos Esguerra, respondió a las críticas de Human Rights Watch al señalar: ”Debo aclarar que la intención del Gobierno y del Congreso por supuesto no ha sido la de abrir espacios de impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por guerrilleros, paramilitares o agentes del Estado”. El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo en una misiva enviada a las directivas del congreso colombiano, con copia a la presidencia, entre otras autoridades, que en la forma como está redactado actualmente el proyecto “permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares”.
En concepto de Esguerra, por el contrario, “este proyecto de acto legislativo buscar sentar los cimientos sobre los que habrá de levantarse un eventual futuro proceso de paz” en esta nación sudamericana azotada por un conflicto armado desde hace más de 40 años.
El proyecto fue presentado hace más de seis meses por el oficialismo y busca crear un marco jurídico en caso de negociaciones de paz con la insurgencia.
Debido a que el texto contempla reformas a la Constitución, el proyecto de ley debe recibir ocho debates y aprobaciones legislativas antes de ser aprobado, explicó el senador Roy Barreras, uno de sus promotores.
Tal impunidad, según HRW, derivaría de que el proyecto de ley incorpora a la Constitución un artículo que permitiría que legisladores, primero, y luego autoridades judiciales desistan del juzgamiento y suspendan las penas a miembros de grupos armados ilegales y también a agentes del estado, así como limitar el procesamiento penal únicamente a los “máximos responsables” de esos delitos de lesa humanidad.
Para Vivanco, el proyecto no prevé restricciones respecto de quiénes pueden beneficiarse con la suspensión de la pena y quiénes no califican. Por lo tanto, podrían acceder a ese beneficio incluso los “máximos responsables”. Mencionó como ejemplo a alias “Timonchenko”, máximo jefe de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien según él podría no pagar “ni un solo día en prisión”.
Sobre ese particular, el ministro Esguerra agregó en su carta a Vivanco que llamaba la atención el que HRW no hubiera hecho referencia “a ninguna de las experiencias internacionales de procesos de justicia transicional, en donde la obligación de investigar, juzgar y sancionar ha sido ponderada con otros intereses como la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas de violaciones masivas y el logro de la paz estable y duradera”.
Recordó Esguerra que tras casi siete años de la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz, con la que se pretende procesar a más de 35.000 integrantes de las bandas paramilitares, sólo se han proferido siete sentencias condenatorias, de las que únicamente dos están en firme.
Agregó que la imputación de los más de 340.000 hechos delictivos que han sido denunciados en las unidades de Justicia y Paz podría demorar unos 100 años, “con el agravante de que nos distraería del juzgamiento de los máximos responsables” de esos hechos delictivos.
Esguerra dijo finalmente que “la posibilidad de incluir a los agentes del Estado en los procesos de justicia transicional no supone que se les vaya a dejar de investigar, ni que los demás instrumentos diseñados para los demás actores también les sean aplicables a ellos”. Advirtió que será el Congreso el que determine esas diferencias.
El congresista Barreras dijo la víspera que “las preocupaciones del señor Vivanco, son preocupaciones muy importantes que han estado a lo largo de todo el debate (legislativo) discutiéndose, puedo darle a él y a la opinión pública la tranquilidad de que no habrá en ningún caso ni amnistías ni indultos y por tanto no habrá impunidad”.
Sobre los “crímenes atroces, el texto excluye explícitamente a los autores de tales crímenes de cualquier beneficio, ni siquiera serán cobijados… y en todo caso tendrán condenas”, aseguró el legislador.
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